Anaya Gutiérrez financió terrorismo en México, lo acusa el gobierno de Peña Nieto

El gobierno federal se va con todo contra el líder Partido del Trabajo (PT) Alberto Anaya, no solo por el desvío de 100 millones de pesos, donde, para empezar, acusa a su esposa como la principal operadora, sino que a él, directamente lo acusa de haber financiado terrorismo en nuestro país.

De acuerdo con un documento emitido por la Procuraduría el 10 de agosto, la denuncia de hechos es “en contra de la persona física María Guadalupe Martínez (esposa del líder del PT) y/o en contra de quienes resulten responsables, donde también cabría el líder petista.

Además se menciona  a la persona de nombre Alberto Anaya Gutiérrez, Laura Elena Guerra Martínez, María Mayda Paredes Díaz, Héctor Quiroz García y Carlos Hugo Castañeda, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo”.

Ese supuesto financiamiento al terrorismo es una información que todavía tiene como clasificada para no entorpecer las investigaciones, según la PGR, dependencia gubernamental que vuelve a ser parte fundamental para que el gobierno apacigüe los ánimos rumbo a las elecciones para la Presidencia de la República.

De acuerdo a las pesquisas, los 100 millones fueron trasferidos a un fondo de inversión y, después, depositados a diferentes cuentas bancarias, entre el 2 febrero y el 13 de junio pasado.

A María Cristina Martínez le fueron transferidos 6 millones de pesos y ella retiró 4.4 millones; mientras que a María Mayda Paredes Díaz le depositaron 9 millones y sacó 3.5 millones de pesos.

Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, dijo que Guadalupe Rodríguez, esposa de Alberto Anaya, realizó las transacciones en las que participaron también María Mayda Paredes, miembro del PT y regidora de Monterrey, María Cristina Martínez y Héctor Quiroz, dirigente del partido en Aguascalientes.

Al detallar parte de la investigación que realizaron, los representantes de la Procuraduría explicaron que María Guadalupe Rodríguez fue quien recibió en enero pasado 100 millones de pesos del gobierno de Nuevo León.

Los recursos eran para la construcción y mantenimiento de 17 Cendis que administraría el Frente Popular Tierra y Libertad, organización social vinculada al PT.

 

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