Anticonstitucional ley de publicidad que pretende instaurar Peña Nieto

La quiere echar abajo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La también conocida como ley chayote no establece reglas claras para la contratación de publicidad oficial, lo que es un riesgo para la libertad de expresión “en su dimensión colectiva”.

Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dos acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley General de Comunicación Social y la adición a la Ley General de Salud que contempla la figura de objeción de conciencia.

La ley de publicidad pretende poner freno al gasto excesivo del gobierno al asignar, a unos cuantos medios de información publicidad, y con ello tener el control de los que considera más influyentes en la opinión pública. Es decir, que el gobierno de Peña paga, con recursos del erario, para que se hable bien de su gobierno y solo lo hace con u nos pocos.

De acuerdo con la CNDH al no existir estas reglas, “genera efectos silenciadores y disuasivos en algunos medios de comunicación”, lo que también pone en riesgo el derecho de acceso a la información plural.

“Esta Comisión Nacional señaló que la Ley General de Comunicación Social no regula con suficiencia la materia de publicidad oficial y, por tanto, no se garantiza que el gasto en ese renglón cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, en un marco de igualdad y no discriminación, como lo prevé el texto constitucional”, expuso.

Señaló que en la normativa se permite la distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial, al delegar “indebidamente” a autoridades administrativas el establecer los criterios de selección de medios de comunicación “en normas infralegales”.