Arely Gómez da otro manazo a Odebrecht; sin sanción a funcionarios

Las multas de la SFP son como llamadas a misa… quien quiere va. La Secretaría de la Función Pública (SFP), que dirige Arely Gómez, considera castigo la inhabilitación de personas y multas, las cuales nunca se exigen sean pagadas.

Esos “castigos” se aplican a los corruptos relacionados con la empresa constructora de origen brasileño Odebrecht, y el nuevo fue la inhabilitación de una de sus filiales luego de obtener contratos en la Administración Pública Federal.

La sanción, informó la dependencia, fue porque la Constructora Norberto Odebrecht S.A. realizó un cobro indebido por 2.5 millones de pesos por trabajos realizados en la refinería de Tula, Hidalgo.

Esta inhabilitación es resultado del procedimiento sancionatorio PTRI-S-006/2017, el cual había quedado congelado por una suspensión provisional dictada dentro de un juicio de amparo.

 

Multas que nunca se pagan

En las multas que aplica la Secretaría de la Función Pública (SFP) a funcionarios públicos no hay ley que obligue a que estas sean pagadas. Un juicio sería muy largo y terminaría en lo mismo, sin ser cubiertas, el único castigo es la inhabilitación, pues tampoco pueden decir el nombre de los sancionados.

La SFP informó que además determinó sancionar con una inhabilitación de 10 años y una sanción económica de 2.5 millones de pesos a un funcionario de Pemex.

Se trata del mismo servidor público que en diciembre pasado fue inhabilitado por 10 años y sancionado con una multa de más de 119 millones de pesos.

Transformación Industrial, quien autorizó el pago referido.

En diciembre de 2017, la SFP había inhabilitado por cuatro años a Odebrecht para recibir contratos de la Administración pública federal.

Esa sanción fue por haber ocasionado daños a Pemex por más de 119 millones 747 mil 603 pesos en las obras de acondicionamiento de tierras en la refinería de Tula.

Como resultado de la investigación aperturada el 22 de diciembre de 2016, la SFP ha iniciado hasta este momento ocho procedimientos administrativos: cuatro contra filiales de la empresa constructora, dos contra sus representantes legales y dos más contra servidores públicos de Pemex.