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Berrinche de Peña será llevado a cortes internacionales, advierte Javier Corral

Le toma la palabra a Peña. El gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral Jurado anunció que emprenderá una controversia constitucional y la exposición ante las instancias jurídicas y políticas internacionales que corresponda si el Gobierno Federal no le entrega recursos acordados que ascienden a más de 700 millones de pesos.

“Vamos a utilizar los instrumentos legales que tenemos. Vamos a interponer una controversia constitucional para presentarle a la Corte varios flancos de la decisión, entre ellos, la utilización de los recursos públicos como control político, tratando de impedir la facultad de los estados de realizar una de sus atribuciones, que es el combate a la corrupción”.

Según el gobernador panista, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, le preguntó qué alcance tiene la investigación y qué estatus jurídico tiene Isaac Gamboa, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda, involucrado en la trama de corrupción.

“Lo que quieren saber es hasta dónde llega la investigación de la Fiscalía, quiere saber si andamos investigando a otros estados”, aseguró.

En diciembre fue detenido el exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez. “Detuvimos a la pieza clave del modus operandi de la corrupción política que toma recursos públicos para las campañas y están muy preocupados. Les dijimos que no podemos investigar a otros estados… ¿cómo es posible que a un estado se le deje de depositar porque el secretario de Hacienda quiere conocer el alcance de una investigación?“, preguntó.

“Tenemos que dar una batalla jurídica. En esta discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda, para darle a unos más y a otros menos, y luego para determinar si los cumple o no, y al que se porta mal lo castiga y no te da, y al que se porta bien le da”, expuso.

“O sea, este instrumento como zanahoria y garrote, nos parece que, además de que te menoscaba facultades constitucionales y legales, también se está constituyendo en un instrumento de control político, no sólo para el apaciguamiento de gobernantes, sino, lo que vemos más delicado, es que va en contra del artículo 73 Constitucional, donde se ha depositado en los estados de la República, la facultad de combatir la corrupción”, enfatizó.