El Bronco sabe que no ganará y promete mucho; le piden se baje de la contienda

Promete lo que no está en sus manos cumplir, pues sabe que la Constitución lo prohíbe. Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, candidato independiente a la Presidencia de la República, ahora se le ocurrió que en caso de ser Presidente aplicaría la pena de muerte a violadores, homicidas y ladrones.

A través de un video difundido en sus redes sociales, responde por teléfono preguntas de una mujer, el candidato independiente dijo que la pena de muerte disminuiría la delincuencia “porque le daría miedo” a los criminales.

“¿Usted aplicaría la pena de muerte a esos que son violadores, que matan, que roban, pero cosas grandes?”, pregunta la mujer, a lo que Rodríguez responde que “claro que sí”.

Supuestamente al preguntar la mujer si con eso disminuiría la delincuencia, el candidato responde que sí, porque “al delincuente le daría miedo”.

Durante el debate entre candidatos a la Presidencia, El Bronco propuso amputar la mano a aquellos funcionarios corruptos lo que causó revuelo, pero que también está prohibido por la Constitución Política de México.

Ante tales señalamientos, el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, le sugirió a Rodríguez Calderón que si tiene un mínimo de dignidad y respeto por los mexicanos, debería bajarse de la contienda presidencial.

Rivas afirmó que El Bronco llegó a la boleta de manera ilegítima y, además, sus propuestas en materia de seguridad propician la “mal llamada justicia por propia mano”.

Comentó que organizaciones de la sociedad civil lamentaron que los aspirantes presidenciales se hayan quedado cortos en las propuestas en materia de gobernabilidad y democracia, y hayan preferido los enfrentamientos, durante el primer debate.

Rivas agregó que en el debate no hubo ninguna mención a la agenda de derechos humanos, ni sobre cómo recuperar la rectoría de los centros penitenciarios, por ejemplo.

Edna Jaime, directora de México Evalúa, recalcó que en materia anticorrupción nadie propuso cómo fortalecer la fiscalización, ya que sólo una de las 912 denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, han causado sentencia.