Por caso Oceanografía, Banorte pierde 617 millones de pesos

En Banorte ya se frotaban las manos para recibir 617 millones de pesos que pagó Pemex a la empresa Oceanografía; sin embargo, un tribunal determinó no entregarlos

El dinero fue depositado durante años por Pemex en un fideicomiso instituido en Banco Autofin, para pagar un crédito de 525 millones de pesos otorgado por Banorte a Oceanografía el 31 de octubre de 2013.

Cuando Oceanografía fue declarada en concurso mercantil, primer paso para la quiebra, en julio de 2014, el juez Felipe Consuelo Soto ordenó que el dinero depositado por Pemex en el fideicomiso tenía que ser entregado a Oceanografía, donde los administradores designados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) lo usaron para los gastos cotidianos.

En noviembre de 2016, ya con Oceanografía en quiebra, el propio juez Consuelo resolvió que los 617 millones tenían que ser separados del resto de los bienes de la naviera, pues no eran de su propiedad, y debían ser entregados al fideicomiso de Autofin.

El SAE promovió un amparo, y el pasado 18 de mayo, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil resolvió, por dos votos contra uno, que el dinero no tiene que ser devuelto.

Benito Zurita, juez actualmente encargado de la quiebra de Oceanografía, dio cumplimiento hoy al amparo e informó que los 617 millones no se pueden entregar al fideicomiso.

En la sentencia de concurso de Oceanografía, los créditos en favor de Banorte por un total de 99 millones de UDIS, algo más de 500 millones de pesos, fueron clasificados en la categoría de acreedores comunes, es decir, los que tienen la menor prioridad para cobrar y no cuentan con garantía alguna.

Aunque el concurso fue declarado el 8 de julio de 2014, el juez Consuelo aclaró que los efectos de la sentencia eran retroactivos al 11 de octubre de 2013.

La orden de Consuelo para entregar a Oceanografía el dinero que correspondía a Banorte, en tanto, se aplicó entre el 6 de mayo de 2014 y el 31 de marzo de 2016, por lo que los magistrados Gonzalo Hernández y Ana María Serrano concluyeron que la empresa no tenía en su poder los 617 millones cuando se declaró el concurso.

“No existe regla que diga que los bienes que se puedan separar, exclusivamente son aquellos que se encuentren en poder de la comerciante fallida (Oceanografía) antes de la fecha de retroacción del concurso mercantil”, replicó el Magistrado Marco Rosas Baqueiro en un voto particular.

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