Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Centro de espionaje y 50 aviadores, las cochinadas que encuentra Sheinbaum en la CDMX

También quedarán impunes. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México, dio de baja a 50 personas que estaban en la lista de Nómina del gobierno de la Ciudad de México contratados en la anterior administración que nadie conocía, pues nunca se presentaron a trabajar, pero sí cobraban mensualmente 24 mil 560 pesos.

“Se creó un tabulador especial, no se sabe qué empleo realizaban”, dijo Claudia Sheinbaum; adelantó que van a revisar los 31 mil 900 puestos de Nómina 8 para saber quienes están laborando, si realizan funciones necesarias y que se demuestre que tengan relación de servicios; todo con el objetivo de deshacerse de “aviadores”.

Todos ellos están vinculados con los exsubsecretarios de la pasada administración.

Entre los despedidos están Marcela Paz García y Laura Diana Castillo Mendieta, hermana y esposa respectivamente de Antonio Paz García, subsecretario de Capital Humano de la Secretaría de Finanzas.

Sheinbaum Pardo, abundó que el gobierno capitalino no perseguirá ni acusará a los antiguos funcionarios, “no buscaremos chivos expiatorios, a partir de ahora lo que queremos es terminar con la corrupción”. Además, señaló que se revisarán todas las plazas laborales del gobierno capitalino, más de 180 mil, entre ellas, las que denominadas de “estabilidad laboral”, es decir, de trabajadores de eventuales.

La procuradora general de justicia de la CDMX, Ernestina Godoy, informó que encontraron un inmueble que operaba como centro de espionaje el cual “contaba con información privilegiada que debería estar ahí”.

Claudia Sheinbaum, aclaró que están llevando a cabo las investigaciones, por lo que aún no tienen más datos precisos, lo cierto es que sí había información que no debían tener y por ello se mantienen las averiguaciones.

Las oficinas dirigidas por Gustavo Caballero, quien fuera jefe de la Policía Cibernética durante la administración de Miguel Ángel Mancera en la Procuraduría capitalina, eran financiadas por la PGJ capitalina y la Secretaría de Gobierno y operaba como una empresa particular.