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CNDH se desmarca de “verdad histórica”; pide revisar 63 mil fragmentos óseos

Para quienes celebraban ya que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) avala la “verdad histórica” que planteó el gobierno de Enrique Peña Nieto, el organismo aclaró que la recomendación 15VG/2018 sobre el caso Iguala “no avala la denominada teoría de la verdad histórica” y su presentación no responde a cálculos políticos.

De igual forma, reiteró su compromiso con las víctimas y la obtención de la verdad en todos los asuntos.

En un comunicado, donde fija su postura respecto a los comentarios surgidos por la presentación de la recomendación 15VG/2018, precisó que la presentación del documento “estuvo determinada por la falta de información confiable”.

   

“La CNDH se vio forzada a realizar, en el ámbito de sus atribuciones, la investigación que otras instancias no pudieron o no quisieron llevar a cabo en forma pertinente y debida”, argumentó.

La verdad en el Caso Iguala, desde el punto de vista de la comisión, no admite adjetivos que condicionen su contenido y, por tanto, todo debe sustentarse en evidencia objetiva y verificada y no en opiniones.

Tras insistir en que no respalda la teoría de la “verdad histórica”, “sostiene que las críticas y cuestionamientos contra esa u otras teorías” no pueden implicar que las posteriores investigaciones descarten cualquier teoría.

En el caso Iguala, la prioridad es determinar el paradero y destino de los estudiantes, y pidió que se revisen los más de 63 mil fragmentos óseos recuperados tanto en el basurero de Cocula como en el Río San Juan que están en poder de la Procuraduría General de la República (PGR).

Se debe recordar que el principal implicado en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, José Luis Abarca, llegó al gobierno municipal arropado por las siglas del Partido de la Revolución Democrática, cuando el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador era el líder moral del partido del sol azteca.

Cualquier irregularidad u omisión que se comprobara cometieron las autoridades, implicaría delitos o la apertura de nuevas líneas de investigación que deberán desahogarse con independencia de que se determine si los restos óseos hallados corresponden a los normalistas desaparecidos.