Con cárcel, gobierno de Durango frena protestas a Reforma Educativa

Todo el peso de su ley. El gobernador Jorge Herrera Caldera. Durante no permitirá más manifestaciones en su entidad contra la Reforma Educativa, como muestra, el encarcelamiento de dos maestros opositores.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), arrestaron a los profesores Ramiro Ramírez y Joel Díaz Buen, quienes horas atra´s protestaron afuera del Centro Cultural Bicentenario, donde el gobernador Jorge Herrera Caldera rindió su sexto informe.

Tanto Ramírez como Díaz Bueno están acusados de motín y privación de la libertad. El primero fue abordado por funcionarios de la FGE afuera de la primaria Bruno Martínez cuando se encontraba con alumnos y padres de familia. El segundo fue aprehendido al manejar su auto de regreso a casa.

Desde muy temprano, a través de redes sociales se denunciaron las irrupciones de los agentes de la DEI en diversos domicilios, e incluso circuló un video que muestra la detención de un profesor afuera de la primaria Bruno Martínez, donde otros maestros y padres de familia exigían a los policías exhibir la correspondiente orden judicial de arresto y, de hecho, se suscitó allí un connato de gresca.

Al mediodía, en conferencia de prensa, la fiscal Sonia Yadira De la Garza dio a conocer la captura de los dos maestros y dijo que esa dependencia cuenta con al menos 18 órdenes de aprehensión más otorgadas por un juez en contra de los docentes. Aseguró que se había actuado “en estricto apego” a la legislación vigente ante la presunción de que han cometido algunos ilícitos en acontecimientos recientes, como el de la semana anterior, cuando se introdujeron por espacio de varias horas a la sede de la Secretaría de Educación estatal y retuvieron al titular, Héctor Vela Valenzuela, junto con otros empleados.

La fiscal estatal, De la Garza, informó que a los maestros detenidos se les acusa de privación de la libertad y motín, luego de que tomaron las oficinas de la Secretaría de Educación de Durango, no dejaron salir al personal de esa dependencia, bloquearon calles y dañaron vehículos en días pasados.

Mencionó que por estos delitos alcanzan una pena de cárcel entre seis meses y siete años; reconoció que fueron cinco las viviendas cateadas y amenazó que existen 18 órdenes de aprehensión contra el mismo número de docentes.