El SAT realiza millonario embargo a La Salle

Felices jugaban 120 niños de entre tres y cuatro de edad, cuando personas que dijeron ser empleados del Sistema de Administración Tributaria (SAT) ingresaron a La Salle del fraccionamiento Boulevares y, ante la incredulidad de personal y padres de familia, empezaron a cargar con cuanto mueble o computadora se les cruzó.

El SAT procedió de esta forma a un embargo en reclamo de un adeudo de 15 millones de pesos por supuesto IVA que La Salle dejó de pagar y no atendió en un reclamo anterior.

“La Ley fiscal no establece que la expedición de certificados o títulos académicos generen IVA. La SEP y la UNAM emiten una cuota por la emisión de estos documentos con base a salarios mínimos, pero al SAT se le olvida que los colegios como La Salle no vendemos títulos”, defendió Marcos Ferrari Pérez, director general de Operadora de Colegios La Salle.

Los invasores rebasaban las 100 personas, entre actuarios y personal del SAT. El operativo duró más de 10 horas y afectó a los 120 niños que fueron desalojados de sus aulas donde disfrutaban su curso de verano en La Salle que se encuentra en la colina Del Jade, Fraccionamiento Boulevares.

“No somos delincuentes”, replicó el director general de Colegios La Salle, quien adelantó que presentarán una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. “Este embargo es improcedente, por ello impugnamos el acto, porque es arbitrario y fue un abuso de autoridad. Porque si es obligatorio, primero tendremos que comunicarlo a los padres de familia y decirles: a partir de hoy estos trámites causan el Impuesto al Valor Agregado, yo lo retengo para reintegrarlo al SAT”, continuó Ferrari Pérez.

El botín del SAT consta de mobiliario y pizarrones de cuatro salones, 32 computadoras y los archivos de calificaciones de la SEP de 400 alumnos, a lo que el directivo de La Salle calificó como una violación e intromisión a la confidencialidad de datos personales, que ya es un delito federal.

El SAT notificó hace tiempo a colegios La Salle del requerimiento para el pago de IVA por todos los certificados y títulos expedidos durante los últimos cinco años, procedimiento “que atendimos y empezamos un trabajo fiscal para demandar su nulidad, porque este colegio no vende y mucho menos cobra el IVA por la emisión de cada certificado”, terminó Ferrari.

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