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Esta semana reabrirá PGR caso Tlatlaya; van por el mando que ordenó la matanza

Por considerar que se realizó una investigación ineficaz y repleta de omisiones, en una decisión inédita, un juez federal de distrito ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que reencause el expediente de la masacre de Tlatlaya, ante la ineficacia y las omisiones cometidas en su investigación.

Sobre todo, le pide que profundice en la cadena de mando de la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad, que guió a los soldados participantes en ese operativo donde habrían sido ejecutadas arbitrariamente al menos entre 12 y 15 personas.

El titular del juzgado decimocuarto de distrito de amparo en materia penal, con sede en Ciudad de México, Érik Zabalgoitia Novales, otorgó un amparo a una de las sobrevivientes de los hechos de Tlatlaya, donde el 30 de junio de 2014 un grupo de militares privó de la vida a 22 personas, de las cuales, por lo menos entre 12 y 15, entre ellas dos menores de edad.

   

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las víctimas habrían sido asesinadas cuando ya se encontraban rendidas y desarmadas.

El juez concluyó que la PGR no ha realizado diligencia alguna encaminada a la investigación de los hechos, ni en lo relativo a la orden emitida a los elementos militares (de abatir criminales en horas de oscuridad).

De igual forma, “no realizó mayores investigaciones para determinar quién fue la persona que redactó la orden de ‘abatir delincuentes en horas de oscuridad’, a fin de determinar el verdadero significado de esa orden”.

Además de ordenar a la PGR que retome el caso para cumplir con todas las diligencias no realizadas y esclarezca el origen de la citada orden, el juez recuerda que no perseguir los delitos ni a sus autores coloca a la colectividad en permanente peligro, auspiciando la perpetración de ilícitos bajo el signo de la impunidad.

Por todo lo anterior, la sentencia del juez obliga a la PGR a rencausar el expediente en un plazo máximo de 30 días hábiles –que se cumplen esta semana– y abre la posibilidad de recabar más pruebas contra siete militares que en su momento fueron detenidos y luego puestos en libertad por falta de pruebas, no por ser hallados inocentes.

El cumplimiento del fallo se encuentra suspendido por los recursos de revisión que interpuso la procuraduría.

Entre septiembre y octubre de 2014 fueron detenidos 30 efectivos castrenses presuntamente involucrados en los hechos, pero sólo siete fueron procesados por lo ocurrido. Para 2016, todos ellos habían sido puestos en libertad por insuficiencia probatoria, pero no por ser declarados inocentes.

La señora Clara Gómez González, madre de Érika, joven de apenas 14 años de edad que murió en el operativo de Tlatlaya, interpuso una demanda de amparo en contra de la PGR y de la agencia del Ministerio Público encargada del caso, por considerar que su investigación deficiente de lo ocurrido violaba su derecho a conocer la verdad.