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Gobierno de Nuevo León va El Bronco y los 572 funcionarios que usó para recabar firmas

El gobierno de Nuevo León determinará qué sanciones se impondrán a los 572 servidores públicos que fueron utilizados por el gobernador con licencia, Jaime Rodríguez El Bronco, para recabar firmas.

El Tribunal detectó que 25 dependencias estuvieron involucradas y 12 titulares de éstas, además de que “las y los funcionarios públicos captaron más apoyos durante sus horarios laborales que fuera de ellas; es decir, el tiempo que debieron destinar a cumplir a sus obligaciones públicas lo ocuparon para favorecer a su entonces gobernador”.

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que fueron 572 los servidores públicos del gobierno de neoleonés los que incurrieron en violaciones a las leyes electorales por recabar firmas para la candidatura presidencial independiente de Rodríguez Calderón, e incluso determinó que el mismo candidato tiene responsabilidad.

   

Sin embargo, sólo dio vista al Congreso estatal para que determine si impondrá alguna sanción a Rodríguez Calderón y al actual gobernador interino, Manuel Florentino González, a quien también consideró que tiene responsabilidad, ya que señaló que esta instancia no está facultada para sancionarlos.

Mientras que sobre las faltas de los funcionarios estatales, la sanción será emitida por el mismo gobierno estatal.

Durante la sesión de este jueves, la presidenta de la Sala Regional, Gabriela Villafuerte Coello, presentó el proyecto que señala que, tras las indagatorias sobre el caso, fueron 971 los funcionarios estatales los que aportaron firmas para impulsar la aprobación de la candidatura independiente cuando Rodríguez Calderón aún estaba en funciones como gobernador de Nuevo León.

De estos, determinó en una primera instancia que fueron 595 los que recabaron firmas en horario laboral, sin embargo, 23 funcionarios demostraron que los apoyos fueron recabados fuera de su horario de trabajo, por lo que consideró que son 572 los que incurrieron en una falta.

La conducta de los funcionarios, indica el proyecto, “genera responsabilidad” a Jaime Rodríguez Calderón y al gobernador interino, ya que además de tener el deber de inspección ejecutiva.

“No obstante la labor del gobernador de llevar a cabo medidas oportunas, eficaces y adecuadas, fue en el ámbito central de su administración en la que se identificó el despliegue del uso del servicio público para captar apoyos en su favor”.