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Gobierno de Peña otorga siete de cada 10 contratos por adjudicación directa

Sin control, por que la ley se lo permite. Sin importar que se pague más o que se beneficie a unos cuantos, la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha otorgado 7 de cada 10 contratos a través de adjudicación directa con los mil principales proveedores.

“El que 71 por ciento de los contratos sea por adjudicación directa me dice que todas las dependencias abusan del término excepción y lo usan ya como una regla”, indicó Max Kaiser, director de Anticorrupción en el IMCO.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) al realizar el “Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas”, analizó 700 mil procedimientos de contratación.

Los contratos asignados por adjudicación directa significan el 31 por ciento de los 2.3 billones de pesos que se contrataron de 2012 a 2016.

             

En el análisis se detectó que algunas de las empresas a las que se les asignaron contratos carecían de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), es decir, que no existen fiscalmente y, por tanto, no podían proveer de ningún bien o servicio al Gobierno.

El procesamiento de la información, que duró casi un año, permitió determinar que casi la mitad de los 2.3 billones de pesos gastados se hizo bajo un riesgo de corrupción alto.

“Aquí no estamos probando que hubo corrupción, lo que estamos probando es que se contrató con altos niveles de riesgo: con poca competencia, con poca transparencia y con muchas anomalías”, señaló Kaiser.

Las cinco entidades que gastan con mayores riesgos de corrupción son la CFE, el ISSSTE, el IMSS, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y la SCT.

Además de Prospera, Liconsa, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Agricultura y la Secretaría del Medio Ambiente.

La CFE, por ejemplo, tiene 91 unidades compradoras calificadas como de alto riesgo, ejerció un gasto de 424 mil 466.8 millones de pesos en el periodo analizado.