Gobierno de Peña quiere “enjuiciar” a César Duarte y que no lo haga gobierno de Corral

Hasta tener todo amarrado lo extraditarían. El gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto ya no quiere más tratos con el gobierno de panista de Chihuahua, Javier Corral, pues no les cumplió con darle privilegios al exsecretario general del PRI, Alejandro González.

En un acuerdo entre la Secretaría de Gobernación y el gobierno de Chihuhua se había acordado que exlíder priista, conocido como “La Coneja” sería trasladado a un penal federal, pero este permaneció en uno estatal, lo cual enfadó a los priistas.

La Coneja permanece en el Cereso Estatal de Aquiles Serdán y no será llevado a un penal federal, “a menos que quieran atropellar las leyes”, dijo el gobernador Javier Corral.

Sobre Gutiérrez hay una decisión judicial que lo tiene vinculado a proceso y con medida cautelar de prisión preventiva, por el proceso iniciado en Chihuahua, por lo que la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales (FEPADE) o cualquier autoridad que pretenda llevárselo solo lo podría hacer atropellando las leyes vigentes.

“Esta fue la investigación que ha preocupado al presidente de la república y esto fue lo que hizo por lo que le retuvieron injustamente a Chihuahua los 900 millones de pesos”, dijo el gobernador Corral a los jaliscienses en el evento.

Indicó que Alejandro Gutiérrez, como exsecretario del PRI, es una pieza clave en un entramado de corrupción política mayor a la que ocurrió en Chihuahua con César Duarte.

El gobierno federal no quiere que se repita esa historia con el exgobernador y por ello quieren tener asegurado que el Duarte llegue ante jueces de la federación.

Ahora, un tribunal federal de la Ciudad de México será quien decida si el juicio de los 250 millones de pesos, presuntamente desviados por el gobierno de César Duarte al PRI, permanece en un juzgado del fuero común o en uno federal de la capital del país.
El Décimo Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México será quien resuelva el conflicto potencial suscitado entre dos órganos jurisdiccionales que han determinado que les corresponde instruir este proceso, esto de acuerdo a información del Poder Judicial de la Federación.