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Graco ratificó “en lo oscurito” a cercano como fiscal anticorrupción; busca impunidad

El ratificado como fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez es perredista y cercano al gobernador Graco Ramírez, lo que ha desatado una ola de protestas por parte de Organizaciones no gubernamentales (ONG’s), bajo el argumento de que el nombramiento busca garantizar la impunidad y la protección de funcionarios del gobierno saliente

A un mes de que concluya el mandato de Ramírez, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, ratificó como fiscal anticorrupción a Juan Salazar Núñez, lo que organizaciones sociales calificaron como “inmoral e ilegal”.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que Salazar Núñez tomó protesta como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cargo que ocupa desde el 28 de agosto de 2015 y en el que permanecerá siete años más; la ratificación se hizo “en lo oscurito”, durante acto privado, sin acceso a medios de comunicación.

Según el escueto comunicado, el fiscal general pidió a Salazar Núñez “reforzar el trabajo en materia de combate a la corrupción, bajo un estricto trabajo donde se haga prevalecer, con total transparencia y probidad”.

   

Sin embargo, la ratificación Salazar fue descalificada por organizaciones civiles al considerar que el nombramiento fue “inmoral e ilegal” y el desempeño del fiscal no sólo fue durante tres años, deficiente, sino que pertenece al gobierno saliente, del cual fue parte al fungir como Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, al momento de su primera designación en 2015.

Por lo pronto, el pasado viernes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio trámite a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, para impugnar las reformas a la Ley Orgánica de la FGE, que facultan al fiscal general -y no al Congreso- designar la fiscal anticorrupción y otorgar pensiones vitalicias a los fiscales especializados.

En los próximos días, la SCJN determinará sobe su admisión o no.

El presidente de la ‘Federación de Asociaciones y Colegios de Profesionistas’ (Fecap), y uno de los impulsores de la acción de inconstitucionalidad, Alejandro Smith Vázquez, afirmó que será la SCJN quien deberá dirimir sobre la legalidad o no del nombramiento de Salazar Núñez.

Su designación ni siquiera es sana, porque debe estar al frente una persona intachable, y durante su gestión Salazar Núñez se mantuvo ciego en muchos casos de corrupción, y usó a la fiscalía como órgano persecutor como fue el caso del exrector Alejandro Vera”, dijo.

Roberto Salinas Ramírez, representante de ‘Morelos Rinde Cuentas’, afirmó que la decisión de Uriel Carmona “es algo terrible, algo que daña a Morelos y que lo único que hace es garantizar la impunidad y protección a funcionarios del gobierno saliente”.

Pedro Martínez Bello, presidente del ‘Foro Morelense de Abogados’, rechazó la designación y consideró cuestionable, tanto la designación, como el desempeño de Salazar Núñez; sostuvo, además, que será necesario que la próxima legislatura -que entrará en funciones el 1 de septiembre- revise el tema y si es posible, revoque el nombramiento.