Instituciones públicas, las más corruptas, consideran los mexicanos

De acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el 83% por ciento de mexicanos cree que la corrupción está extendida en las instituciones públicas.

Los datos que dio a conocer la OCDE también determinan que disminuyó la confianza de los mexicanos en la estabilidad política, la participación y la rendición de cuentas, así como en las instituciones públicas, ubicándose por debajo del promedio regional y del mismo organismo.

Esos datos reflejan además que se superan los promedios –79 por ciento– de América Latina y –65 por ciento– la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) subió 8 puntos porcentuales en una década.

Así lo revela el informe Perspectivas económicas de América Latina 2018, realizado por la OCDE, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Banco de Desarrollo de América Latina y la Comisión Europea, a partir de estadísticas obtenidas de los países analizados en 2015 y 2016.

Destaca que en México la confianza en las instituciones ha disminuido en la década reciente. En 2015, 28 por ciento de la población expresó confianza en el gobierno nacional y 32 por ciento en el sistema judicial y los tribunales. A ello se agrega que “la percepción de la corrupción registró un aumento de 8 puntos porcentuales entre 2006 –cuando fue de 75 por ciento– y 2016, cuando llegó a 83 puntos porcentuales”.

En participación y rendición de cuentas, los indicadores de México fueron de menos 0.13 y menos 0.87 puntos, respectivamente, con lo que también se ubicó por debajo de los promedios de América Latina, que fueron de 0.18 y menos 0.09, y de la OCDE, que sumaron 1.12 y 0.54 puntos.

El estudio se centró en esta ocasión en el análisis de la creciente desconexión entre los ciudadanos y las instituciones públicas de América Latina, caracterizada por una caída en los niveles de confianza, la falta de buenos empleos y la cada vez menor satisfacción con los servicios públicos clave, como la salud y la educación, que debilita el contrato social de la región y, por ello, se debe avanzar hacia un nuevo nexo Estados-ciudadanos-mercado.