Y sí, investigadores de la desaparición de los 43 normalistas fueron espiados por Peña

El gobierno de Enrique Peña Nieto espió con el programa Pegasus al grupo de investigadores internacionales que revió e hizo periciales en México sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinpa. Así lo confirma una investigación periodística que realizó en diario The New York Times.

De acuerdo con un análisis independiente, el principal enlace del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recibió mensajes de texto con un hipervínculo que escondía un programa espía llamado Pegasus, un arma cibernética que el gobierno mexicano compró por decenas de millones de dólares. Ese teléfono celular del secretario ejecutivo del grupo fue usado por casi todos los integrantes del GIEI al fungir como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México.

Los investigadores, que fueron nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguraron que se toparon con muchos obstáculos en su trato con el gobierno mexicano, como el rechazo a compartir documentos o permitir la realización de entrevistas clave e, incluso, con una indagatoria penal en represalia a su trabajo.

Ahora hay evidencia forense que demuestra que los integrantes del grupo también fueron blanco de espionaje con el uso del programa Pegasus que compró el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los integrantes del GIEI que indagaban la desaparición de los 43 estudiantes normalistas revelaron en una carta que recibieron mensajes  SMS idénticos en sus teléfonos propios, que los incentivaban a darle clic a un enlace que, de manera secreta, convierte al celular en un aparato de espionaje al posibilitar el monitoreo de las llamadas, los correos, los mensajes de texto, calendarios, contactos y hasta la cámara y el micrófono, destacó el medio. “Incluso los mensajes encriptados que lleguen a o sean enviados desde el teléfono se vuelven inservibles ya que el software ha sido descargado inadvertidamente”, apuntó.

“Según las leyes mexicanas, la vigilancia solo puede ser realizada con el aval de un juez federal y únicamente cuando el gobierno tiene causales bien justificados. Sin embargo, la inmunidad diplomática del GIEI implica que sería muy improbable que algún juez federal hubiera firmado una orden para espiarlos, de acuerdo con los integrantes del grupo”, publicó el rotativo.

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