La SCJN no podrá detener Ley de Seguridad; otra simulación

Legisladores del PT, PAN y PRD coincidieron en señalar que aunque existen los elementos para declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior esta no podrá frenarse, y lo hará el supuesto análisis de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es una simulación para darle “cierta legalidad”.

Los legisladores reconocieron que es complejo que los magistrados detengan esa ley, porque se necesitan ocho votos en el pleno, “incluso consideraron utópico que los ministros voten en favor de las impugnaciones presentadas”.

La panista Marcela Torres, sostuvo que no se debe legislar una estrategia que no ha funcionado en el país y que pone en riesgo a los integrantes de las fuerzas armadas y recordó que 44 senadores firmaron una controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior.

             

Por su parte la perredista Angélica de la Peña recalcó que más de 75 por ciento del territorio nacional –28 estados– tiene movilización del Ejército, lo cual no ha reducido la inseguridad. El año pasado fue el más violento, recordó.

Manuel Bartlett sostuvo que el Congreso ni siquiera tiene la facultad para legislar sobre seguridad interior, por lo que viola la Carta Magna.

Ante las distintas impugnaciones constitucionales que recibió el máximo tribunal del país, señaló que es utópico pensar en que la Corte las aprobará. Un ejemplo fueron las controversias por la reforma energética, las cuales no fueron atendidas.

Sostuvo que la política de seguridad del país responde a intereses de Estados Unidos: Existe el principio de la integración entre ambas naciones, por tanto, la seguridad de aquí es la de allá.

En el seminario sobre el tema organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alejandro Encinas, el investigador John Ackerman y el director del IIJ, Pedro Salazar, coincidieron en señalar que la legislación representa un riesgo ante la posibilidad de represión, ya que el Presidente no tendría ningún contrapeso ante las decisiones que emita relacionadas con seguridad interior.