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México es un inconmensurable vertedero de cadáveres

Clara complicidad gubernamental o de la policía, por omisión, negligencia o protección, en Veracruz

Desde el 2 de agosto del año pasado, integrantes del colectivo veracruzano Solecito, junto con la Policía Científica de la Comisión Nacional de Seguridad y la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), han exhumado 17 mil 906 restos, correspondientes a unos 250 cadáveres, de 125 entierros clandestinos en una gran área situada a espaldas de las instalaciones portuarias de esta ciudad, a un lado del fraccionamiento Colinas de Santa Fe.

Se trata de un predio –de 14 hectáreas, según Solecito, o de “más de 25”, de acuerdo con el fiscal veracruzano Jorge Winckler Ortiz– que no ha sido explorado en su totalidad, admite la FGE.

Al área se llega tras dos kilómetros de un camino a ratos pedregoso, a ratos lleno de dunas; ahí, en medio de la maleza, células del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas y hasta agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal enterraban clandestinamente a sus víctimas.

Si bien ya se sabía de la existencia de esa narcofosa, fue apenas el jueves 16 cuando la magnitud de las cifras fue revelada.

Gracias a los trabajos de Solecito, en colaboración con la fiscalía estatal y con el titular de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas No Localizadas, Eduardo Coronel Gamboa (quien fue funcionario del gobierno anterior, el del priista Javier Duarte), se sabe ahora que entre los 125 entierros del gigantesco narcocementerio hay una fosa a la cual llaman “la alberca”, pues tiene forma circular, cuatro metros de diámetro y tres de profundidad.

De ahí, en una sola jornada, policías ministeriales y familiares de desaparecidos extrajeron restos óseos equivalentes a unos 15 cuerpos, confía un funcionario de la FGE que pidió el anonimato.

Lucía Díaz Genao, madre del disc-jockey Guillermo Lagunes Díaz, conocido profesionalmente como DJ Patas y desaparecido el 28 de julio de 2013, asegura que el gran número de cuerpos aquí enterrados y el modus operandi de la delincuencia organizada en este predio “no se puede explicar” sin la complicidad gubernamental o de la policía, por omisión, negligencia o protección.