México invierte dinero contra el narco para perder

Gastó más de 1.5 billones de pesos en la última década para luchar contra su enemigo número uno

Miles de rifles de asalto se pusieron a disposición de los cárteles de la droga mexicanos, cortesía del gobierno de Estados Unidos. Era 2009 en la frontera entre ambos países. Era la fracasada operación Rápido y Furioso, que buscaba rastrear a través de armamento de contrabando a los grandes capos y traficantes de droga de México.

La huella de las armas se perdió y la estrategia falló. Ni Estados Unidos ni México supieron el destino de la munición y tampoco hallaron a esos capos. En los siguientes años diversas escenas de crímenes desvelaron por todo el territorio mexicano algunas piezas de ese sangriento rompecabezas.

En la última década, ambos países han financiado estrategias para combatir al narcotráfico en el lado mexicano. A pesar del poco éxito, los socios transfronterizos siguen abonando más ceros a las cuentas de la guerra contra el narco.

México ha gastado más de 1.5 billones de pesos mexicanos (71,400 millones de dólares) en los últimos 10 años para luchar contra su enemigo número uno. Los presupuestos nacionales muestran el crecimiento sostenido del gasto en seguridad de aproximadamente un 15% anual.

Sin dar marcha atrás los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto apostaron por aumentar la estructura de la Marina y el Ejército, los principales frentes de combate; la reestructuración de los cuerpos de policía, incluida la nueva Gendarmería; y la expansión de las operaciones de inteligencia. La inversión también ha permeado en el sistema judicial, que desde 2008 busca una transformación que hasta la fecha no ha conseguido.

Estados Unidos se sumó en 2008 a los planes de una guerra frontal contra el narcotráfico. A través de la Iniciativa Mérida, el gobierno estadounidense aseguró 2,500 millones de dólares para emprender la aniquilación de los cárteles mexicanos.

George W. Bush y Felipe Calderón sellaron el pacto que además reforzaría la seguridad en la frontera. La hermandad permitió, por ejemplo, el intercambio de información de inteligencia que llevó a la captura de Joaquín El Chapo Guzmán en febrero de 2014.

Los helicópteros de guerra y la formación estadounidense para la Fuerza Armadas mexicanas fluyeron a México hasta 2014, cuando E U puso en duda el compromiso de México con los derechos humanos tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Los presupuestos nacionales muestran el crecimiento sostenido del gasto en seguridad de aproximadamente un 15% anual

La cuestión sobre si los fondos empleados en la guerra contra el narco funcionan ha tenido su primera reacción en el Congreso de EU. El senador demócrata Patrick J. Leahy ha insistido en el último año en bloquear los fondos ante la prueba de que “México ha permitido a su policía y Ejército evadir el castigo por cometer y encubrir crímenes horribles”.

La Iniciativa Mérida buscaba reproducir el éxito que el Plan Colombia tuvo en la década de los años 90 para reducir el tráfico de drogas. Voces críticas como la de Leahy se desvanecen frente a las posibilidades de que el financiamiento se reanude.

México vive en un entramado donde los fondos para seguridad entran en una espiral que ofrece resultados pobres, señala López Portillo. El camino del gobierno mexicano en una década ha ignorado la medidas comunitarias para mejorar la seguridad —este año ha reducido los fondos para la prevención del delito— pero ha seguido abonando recursos a una inagotable red que cultiva lo que combate.

“El Estado mexicano invierte para perder”. La interrogante, de cara al 2017, será si el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, seguirá respaldando la añeja estrategia mexicana.

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