Miles de delincuentes están otra vez en las calles, no en la cárcel, alerta Mancera

De 223,656 presos que había en 2014, en la actualidad solamente hay 188,000; más de 35,500 han sido liberados, de ahí el repunte en robos, asaltos y homicidios, señaló el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, al presentar un estudio estadístico sobre la población penitenciaria.

“¡El impacto es brutal!”, exclamó.

Antes, Mancera había señalado que informado que con el nuevo sistema de justicia penal puesto en libertad 11 mil 216 reos en la Ciudad de México. La población penitenciaria se ha desplomado, pero ¿a qué costo ha sido?

Para el jefe de Gobierno de la CDMX, el procedimiento de extinción de dominio y prohibir la compra-venta de autopartes y celulares robados, son acciones que deberían ser parte de las promesas de los candidatos a la Presidencia de la República.

Esas acciones, aseguró, contribuirían a combatir la incidencia delictiva.

En 2012, al inicio del sexenio, había casi 42 mil 996 presos en cárceles de la Ciudad de México, para marzo de este año se proyecta que cifra sea de 26 mil 799.

El 16 de enero de 2015, cuando inició la primera etapa del nuevo Sistema de Justicia Penal Oral Acusatorio de la Ciudad de México, había 38 mil 948 presos. Seis meses después, cuando se  inició la segunda etapa, la cifra cayó a 34 mil 532. Al corte del 3 de enero se han liberado 27 mil 732 en la Ciudad de México.

Mancera expuso que se han registrados casos de asaltos por 100 pesos y un celular, a mano armada, debido a las reincidencias de quienes fueron liberados.

Por esa razón, el Jefe de Gobierno insistió en la necesidad de realizar ajustes al Nuevo Sistema Penal Acusatorio.

De las 14 mil 267 personas imputadas por robo agravado, explicó, actualmente solamente se registran 11 mil en cárceles. “Tres mil personas están en la calle por robo agravado en un año”, alertó.

“No es que estemos diciendo que cambiemos el sistema, pero está clarísimo. Las cifras no dejan duda de lo que está sucediendo”, subrayó luego de resaltar que, tras su implementación, dichas personas quedaron en libertad sin la aplicación de una sanción efectiva.

A 20 días de que se cumpla un año sin que se apruebe la ley que endurece el tratamiento a las personas que portan ilegalmente armas de fuego, dicha ley está estancada en el Congreso de la Unión.