Militarización de México no es la solución; de Morena, primera controversia constitucional

Porque la militarización del país no es la solución para recuperar la paz y tranquilidad que merecen las familias mexicanas, el presidente municipal de San Pedro Cholula, Puebla, José Juan Espinosa Torres, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó una controversia constitucional en contra del decreto por el que entró en vigor la Ley de Seguridad Interior.

En la controversia constitucional que envío a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) , el edil que fue electo en julio de 2013 confió en que los ministros de la SCJN corrijan al Poder Legislativo que, dijo, se equivocó porque la militarización del país no es la solución.

En ese sentido, el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, ordenó formar y registrar el expediente de la controversia constitucional 4/2018, el cual fue turnado al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que resuelva si admite o no a trámite la controversia.

El decreto por el que entró en vigor la Ley de Seguridad Interior fue publicado el 21 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, y el municipio actor demanda su inconstitucionalidad por considerar que “violenta de manera flagrante” su autonomía.

El expediente de la demanda señala como autoridades responsables a las Cámaras de Diputados y Senadores, al Poder Ejecutivo federal y el director del Diario Oficial de la Federación.

De acuerdo al procedimiento que se deberá seguir, la SCJN detalló que de no encontrar motivo de improcedencia el ministro admitirá la demanda y ordenará emplazar a las autoridades demandadas, para que dentro del término de 30 días hábiles produzcan su contestación.

El municipio de San Pedro Cholula, Puebla, podrá ampliar su demanda dentro de los 15 días siguientes al de la contestación o hasta antes de la fecha de cierre de la instrucción.

Si los escritos del demandante o de los demandados fueran oscuros o irregulares, el ministro instructor los prevendrá para que subsanen las irregularidades dentro del plazo de cinco días.

Habiendo transcurrido el plazo para contestar la demanda y, en su caso, su ampliación o contrademanda, el ministro Rebolledo indicará fecha para una audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas que deberá verificarse dentro de los 30 días siguientes.