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Ministro de la SCJN impuesto por Peña quiere regañar a López Obrador

El priista Eduardo Medina Mora fue nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en medio de la polémica por la imposición de quien fuera presidente, el también priista Enrique Peña Nieto, ahora este juez exige al primer mandatario Andrés Manuel López Obrador que respete la separación de poderes, pero eso sí le pide el dinero suficiente para cubrir su salario y prestaciones muy por arriba de la ley.

Medina Mora, quien fue titular del Cisen, (centro de espionaje) de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Federal pidió respetar la capacidad que tiene para reformarse e impartir una mejor justicia a los ciudadanos.

El ministro pidió que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo respeten la capacidad que tiene el Poder Judicial para reformarse e impartir justicia.

Eduardo Medina Mora rindió su informe con presidente de la Segunda Sala de la Corte, y pidió que los ministros se unan.

El ministro aseguró que la Judicatura es la mejor institución del país y reconoció que tiene la obligación de utilizar los recursos que se le destinan de manera eficiente.

“Lo anterior requiere unidad y liderazgo compartido con todos los juzgadores del Poder Judicial de la Federación. Quien elijamos como presidente, tiene que asumir este propósito como eje central de su política judicial. Es una tarea del Poder Judicial hacia el Poder Judicial. En esto se sustenta la autonomía”.

“Quien asuma la presidencia tiene la obligación irrenunciable de hacer las cosas mejor y usar mejor los recursos. No hay espacio para el desperdicio o la ineficacia. En esto consiste ser un poder fuerte”.

“Respetamos a los otros poderes y órganos del Estado en el ámbito de sus competencias y responsabilidades constitucionales, pero hoy más que nunca, requerimos que nos respeten. Que respeten nuestra capacidad de reformarnos y cumplir mejor con los justiciables, con los ciudadanos”

El Poder Judicial y el Poder Ejecutivo enfrentan una batalla legal y jurídica debido a la ley de remuneraciones.