Osorio Chong señala a AMLO como promotor de la violencia por gasolinazo

En “Análisis criminológico de los sucesos relacionados por el incremento al precio de la gasolina” y en el apartado “Promotores de actividades en contra del gasolinazo”, que elaboró la Secretaría de Gobernación que dirige Miguel Ángel Osorio Chong pone en esa lista negra al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y a otros políticos y periodistas.

En el informe se menciona a personajes de la política, con sus nombres completos, alias, nacionalidad, fecha de nacimiento, Clave Única de Registro de Población, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), grupo o filiación política, así como sus redes sociales.

El documento elaborado directamente por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) identificó a López Obrador, a un senador, diputados del PAN, PRD y del PT, y un alcalde independiente, como los principales promotores de la protesta ciudadana en contra del gasolinazo.

En un análisis criminológico realizado por la División Científica de la Policía Federal, a partir de los sucesos del 1 de enero en contra del alza en el precio de las gasolinas, también se señala a Mario Delgado Carrillo, senador por Morena; a Gerardo Fernández Noroña; Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, diputada en Chihuahua por el PAN; Óscar González Yáñez, diputado en el Estado de México por el PT, y Alfredo Lozoya Santillán, alcalde de Parral, Chihuahua, como los promotores de las marchas y bloqueos a las vías de comunicación.

El documento menciona que con base en el resultado del análisis de la información se registraron “237 eventos de alto impacto y reconocimiento social” en los que hubo bloqueos, manifestaciones, tomas de gasolineras, retención de unidades de Pemex, robo de combustible y saqueos de comercios.

En particular, “el Estado de México se encuentra posicionado en un alto nivel de vulnerabilidad crimino-delictivo como victimológica, puesto que el desarrollo de conductas por parte de sus habitantes ha puesto en riesgo la integridad física como material de terceras personas, así como de instituciones y dependencias de gobierno”, plantea el análisis.

 

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