PGR dice saber el móvil de la desaparición de los 43 normalistas

Temen a que den carpetazo al asunto. En septiembre se cumplirán cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero y la Procuraduría General de la República, presume ya saber el móvil, pero no el paradero de los estudiantes secuestrados en Iguala.

Alfredo Higuera, fiscal especial de la PGR, aseguró que tiene pruebas que aclaran el móvil de la desaparición de los normalistas, pero dijo que no puede revelarla aún. Aunque descartó que haya sido por el narcotráfico.

“En las últimas semanas a la investigación fue a llegar información que consideramos por demás importante en la medida en que es posible para esclarecer aspectos fundamentales del caso”, dijo Higuera.

             

Durante la audiencia ante la CIDH, que celebra su 167 periodo de sesiones en Bogotá, Colombia, el funcionario aseguró que uno de ellos es “el tener por identificado el móvil por el que fueron agredidos los estudiantes. Ello es sin duda la raíz del problema y lo que puede aportar los elementos para establecer quiénes intervinieron y justamente, tras haber elaborado diversas hipótesis, se cuenta con datos específicos que pueden dar certidumbre para saber por qué los jóvenes fueron acometidos”.

Más tarde en entrevistas radiofónicas dijo que la información acumulada “da cuenta del nivel de involucramiento de la organización criminal” que opera en la zona y “la indudable intervención en los hechos de elementos de diversas organizaciones, especialmente municipales en colusión” con los criminales.

Luego de que se comprometieran a “llegar a conclusiones este mismo año” sobre el caso Ayotzinapa, esto fue interpretado por familiares de las víctimas como un anuncio de que se podría dar “carpetazo” al tema para que no interfiera en el proceso electoral.

Hilda Legideño, madre de uno de los normalistas desaparecidos hace ya 41 meses, manifestó su preocupación de que el anuncio de las autoridades de llegar a una conclusión del tema este mismo año pueda significar un cierre apresurado del caso, pero sin resolverlo verdaderamente ni cumplir con el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.