Premiarán a militares participantes de la masacre de Tlatlaya

A cuatro años de la masacre de Tlatlaya, que dejó 22 muertos y ningún militar detenido, ahora premiarán a algunos efectivos, hecho que ha vuelto a crear coraje entre la población.

El senador del PRD, Juan Zepeda, declaró a diversos medios que es “incongruente” que se promueva el ascenso de personal militar que estuvo involucrado en la matanza extrajudicial de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México.

En noviembre se presentará al Senado para su ratificación una lista de personal militar para que sea ascendido y de acuerdo con la columna de El Universal ‘Bajo Reserva’, entre los jefes que premiará la administración de Enrique Peña Nieto está José Luis Sánchez León.

Este es fue el comandante de la 22 zona militar, a la que perteneció el 102 Batallón de Infantería, implicado en el triste pasaje de la noche de Tlatlaya, en la documentada ejecución extrajudicial de 22 personas en esa entidad del Estado de México.

“En efecto, este militar Sánchez León fue señalado en las investigaciones como responsable de la masacre de 22 personas en Tlatlaya, y que hoy nosotros vemos una incongruencia con esta propuesta de ascenso”, indicó el expresidente Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl.

“Cuando ellos salen a asumir responsabilidades de policía estatal o municipal, no tienen, no saben diferenciar entre los límites de lo que es un delito común o un delito del fuero federal”, señaló el perredista de Neza.

“En su momento denunciamos la investigación y que se fincaran responsabilidades, no avanzó y hoy me da, desde mi particular posición, una molestia el saber que aquel que presuntamente tuvo responsabilidad, hoy está a punto de ser ascendido”.

Hay que recordar que luego de la matanza, el entonces gobernador priista del Estado de México Eruviel Ávila, quien públicamente agradece a los militares por su acción decidida, contundente” y por su “firmeza”.

La “verdad histórica” de Tlatlaya que dio a conocer el gobierno de Peña ha ido cayendo hasta convertirse en una de las violaciones a los derechos humanos más emblemáticas del sexenio de Enrique Peña Nieto.