El PRI y el PAN se protegen, traman nombramiento de titular de la Fepade

En casos como el de corrupción con la constructora brasileña Odebrech el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) son cómplices, por lo que ahora buscan cubrirse las espaldas nombrando un titular la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a modo de salir bien librados de ese millonario fraude.

Miguel Barbosa Huerta, vicecoordinador del PT-Morena en el Senado de la República, aseguró que la convocatoria para elegir al nuevo titular de la Fepade no ha sido aprobada debido a que el PRI y el PAN están acordando quién ocupará este cargo.

Miguel Barbosa destacó que el “atorón” no obedece al candado que se estableció para impedir la participación de quienes hayan ocupado un cargo de elección popular en los último seis años.

Indicó que, más allá de este asunto, la negociación está centrada en el nombre de la persona que sustituirá a Santiago Nieto en la Fepade e incluso se podría acordar la designación del Fiscal General de la República, dejando pendiente al Fiscal Anticorrupción.

Barbosa Huerta advirtió que, a pesar de que la Comisión de Justicia perfila un acuerdo para que el proceso de elección se lleve a cabo bajo un formato de parlamento abierto, al final todo quedaría en una simulación, pues la designación sería controlada por los grupos parlamentarios.

De acuerdo con el senador del PT-Morena, la negociación va más allá de la Cámara Alta y los grupos parlamentarios, pues podría involucrar a las dirigencias partidistas.

La falta de acuerdos entre las fracciones parlamentarias para elegir al titular de la Fepade se prolongó una vez más en el Senado y trabó otra vez la posibilidad de emitir la convocatoria para elegir a quien será el fiscal electoral que investigue y sancione las irregularidades que se presenten en las elecciones del 2018, donde se renovará la Presidencia de la República.

Ahora el punto de conflicto es por el numeral 6 de la segunda cláusula de la convocatoria, donde aparece un “candado”  en el que se establece  que quien aspire al cargo de Fiscal Electoral no haya ostentado ningún cargo partidista ni haber sido postulado candidata o candidato por partido político alguno al menos en los seis años anteriores.

El PRI buscó eliminar ese punto junto con la temporalidad al argumentar que es discriminatorio y hasta inconstitucional.