Reacción tardía de PGR; ante el escándalo cita a declarar a Emilio Lozoya

Luego de las presiones, la Procuraduría General de la República (PGR) citó a declarar en calidad de imputado al exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, señalado por ejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht por cobrar sobornos por más de 10 millones de dólares para la adjudicación de contratos.

El exfuncionario reiterara su disposición de comparecer ante la autoridad e incluso exhibió un documento que el 10 de mayo de 2017 envió a la PGR para expresar su disposición de declarar; según el abogado de Lozoya, la cita será para comparecer sobre las entrevistas y las declaraciones de funcionarios de Odebrecht.

El citatorio es con el fin de garantizar el derecho de audiencia al exfuncionario de Pemex, esto para que conozca el expediente que está integrando la PGR en el que se habla de presuntos sobornos por 10 millones de dólares a funcionarios de la paraestatal.

De acuerdo con las declaraciones de los exfuncionarios de Odebrecht,los depósitos se hicieron a cuentas en el extranjero, entre ellos varios por más de 3 millones de dólares mientras estaba la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, de la cual era parte Lozoya.

Las autoridades consultadas no revelaron la fecha ni la hora en la que se realizaría la comparecencia, ni precisaron si el citatorio a Lozoya es en calidad de testigo o de presunto responsable.

El abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello, aseguró que hasta ahora su cliente está tranquilo, porque “el que nada debe, nada teme”.

Luego de la publicación de la declaración de De Meneses en varios medios de comunicación en México y Brasil, el abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, denunció que su cliente ni siquiera había sido citado por la PGR.

Lozoya Austin ha rechazado haber recibido un solo pago de Odebrecht y anunció ayer que demandará como daño moral la publicación de las declaraciones.

Si la PGR decide llevar el caso ante un Juez de Control, Emilio Ricardo Lozoya Austin no necesariamente sería privado de su libertad, pues delitos como el cohecho o el lavado de dinero no son de prisión preventiva forzosa en el nuevo sistema penal.

 

 

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