Saqueó al menos $700 millones, pero todo fue legal, dice Rosario Robles

Envalentonada Rosario Robles reta a todas las autoridades a que la investiguen, pues en el saqueo a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) durante el tiempo que ella las administró se reporta el faltante de al menos 700 millones, pero todo fue legal, dice.

Según reportes periodísticos a través de una triangulación de depósitos y mediante el servicio de Tameme, Cometra y Panamericano, el dinero en efectivo fue repartido entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017.

En febrero pasado, la ASF dio a conocer que tanto Sedesol como Sedatu simularon contratos con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SCSI), la Televisora de Hermosillo (Telherm) y la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO) para operar el desvío millonario.

La Auditoría Superior de la Federación, no terminó con la investigación en las 76 empresas presuntamente beneficiadas por contratos de servicios, ya que de los mil 900 millones de pesos del erario público asignados por esas secretarías, más de 700 millones fueron finalmente transferidos en efectivo a diez domicilios.

“Soy la más interesada, y lo he dicho una y otra vez, en que los órganos competentes investiguen, así lo han hecho, seguimos hablando de auditorías que han pasado, que ya han sido superadas”, dijo en un evento sobre beneficiarios del Fondo Minero. Sin embargo, sin ninguna prueba, sin ningún elemento, sin ninguna posibilidad de vincular esto a mi persona, se sigue mal informando y se sigue difamando”, comentó Robles.

Añadió que como titular de las dependencias es responsable de las políticas públicas de las mismas, sin embargo, existen órganos ejecutores en cada una de las áreas, por lo que se debe castigar con nombre y apellido.

Sobre la asignación de recursos por parte de Sedatu a damnificados de los sismos de 2017, Robles Berlanga mencionó que se ha entregado 99 por ciento de las tarjetas de 170 mil afectados que están en los censos.

“Hemos hecho el mayor esfuerzo posible para incorporar a más gente, pero el censo ya se hizo, hicimos excepciones en casos en donde en el transcurso de la entrega de la tarjeta había muerto o se sustituyó por otro familiar, y todo eso pasa por un subcomité, y en casos en que no podemos le hemos pedido al gobierno que se hagan cargo de esas personas”, dijo.