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Se revisará Ley Veto de Pavlovich, advierte Olga Sánchez Cordero

Vía Twitter, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, indicó que se emprenderán las “acciones necesarias para revisar la constitucionalidad” de la facultad del veto aprobada la víspera por el Congreso de Sonora.

Olga Sánchez está propuesta por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para ocupar la Secretaría de Gobernación.

Lo aprobado por el Congreso de Sonora pretende regular materias que escapan de su competencia, son contrarios a diversos precedentes de la @SCJN y contravienen disposiciones de la CPEUM. Dado lo anterior se harán valer las acciones necesarias para revisar su constitucionalidad, dijo en su cuenta @M_OlgaSCordero.

La próxima encargada de la política interna de México señaló que dicha normativa “pretende regular materias que escapan de su competencia, son contrarios a diversos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, además que trasgrede lo establecido en la Constitución.

  

Entre las reformas legislativas aprobadas el miércoles por el Congreso de Sonora, está la Ley de Veto, que facultaría al gobernador de la entidad para revocar lo aprobado por el Congreso local.

El miércoles, con 27 votos de 30 legisladores (faltaron tres) asistentes, incluido el del único representante de Morena, José Ángel Rochín, la gobernadora priista de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano consiguió que se aprobara la facultad del ejecutivo estatal para vetar leyes aprobadas en el Congreso.

La iniciativa de ley reformó, derogó y adicionó diversas disposiciones de la Constitución de Sonora, entre las que destaca el “veto al presupuesto”, una oportunidad que faculta a Pavlovich para desechar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, si esta no le favorece.

De esta forma, la mandataria sonorense se hizo de la “garantía de conformación de la administración pública directa y paraestatal” para que la creación o eliminación de dependencias sólo esté a cargo de ella.

Entre otros temas, destaca el acotamiento de la figura legal de “sustituir al gobernador por falta absolutas, temporales y definitivas”, para que cuando el jefe del Ejecutivo acumule 90 días en faltas absolutas o temporales, el Congreso se convierta en un Colegio Electoral, obligado a elegir –por aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes– al próximo mandatario, con la condición de que el sucesor sea diputado en funciones y pertenezca al mismo partido del gobernador saliente.