Bajo sospechas, la nueva ley de archivos

La memoria histórica queda en poder del presidente

Un futuro donde el gobierno tenga poder sobre la memoria. En donde un grupo de burócratas decida qué fue el pasado y cómo debe ser recordado. Un futuro legislado por México en 2016.

Tres nuevas leyes, que pretenden garantizar el acceso a la información y proteger los datos personales, amenazan con permitir la destrucción de documentos históricos con fines políticos.

Un colectivo de historiadores e intelectuales, entre los que destacan Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín, Carlos Elizondo Mayer y Sergio Aguayo, han impugnado estas reformas que califican como un obstáculo para la creación de una memoria colectiva plural.

“Tenemos una ley que crea confusiones”, afirma Gabriel Torres Puga, profesor del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México. El sistema actual de archivos depende mucho de los criterios de funcionarios que entorpecen la consulta.

También existen documentos históricos confidenciales en los que, sin importar el tiempo transcurrido, son entregados en copias tachadas que protegen datos sensibles. En lugar de atender estos problemas, señalan los especialistas, el Senado ha propuesto una reforma que genera más polémica.

La nueva Ley General de Archivos establece que el resguardo de documentos históricos queda bajo el control del presidente. Supeditar el sistema archivos al gobierno puede comprometer la construcción de la memoria histórica a intereses políticos, señalan los expertos.

Los funcionarios tendrán el poder de revisar los registros y destruir los que quiera sin tener que rendir cuentas o consultar con expertos en el tema. El mismo colectivo opositor, que ya suma más de 4.221 firmas de especialistas, subrayó esta comparación entre las reformas y la novela de 1984 durante la discusión de la ley en el senado.

La Ley General de Protección de Datos Personales también atenta contra el derecho a la memoria, según los historiadores que se oponen a la medida. Esta disposición permitirá ocultar de manera indefinida “cualquier información concerniente a una persona física o identificable”.

Sin embargo, como señalan los expertos, la memoria histórica sólo se puede construir con los mismos datos personales y sensibles que quieren proteger. “Casi todos los documentos tienen datos personales porque tienen nombres. Eso es lo que los hace interesante”, señala Aurora Gómez Galvarriato extitular del Archivo General de la Nación y actual profesora en El Colegio de México.

A pesar de que la iniciativa fue propuesta por los principales partidos políticos, PRI, PAN y PRD, no todos los legisladores están de acuerdo con la nueva ley de archivos.

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