Suprema Corte protege riqueza de funcionarios públicos… Adiós transparencia

Actualmente hay funcionarios públicos que se han hecho millonarios gracias a sus negocios en el gobierno y atacar eso era el objetivo de la ley 3de3, una iniciativa ciudadana que hizo temblar a muchos políticos, y que ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) protege.

La SCJN validó s los artículos de la normativa del Sistema Nacional Anticorrupción que integra declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos sean dadas a conocer. El único caso en el que no se podrían hacer públicas es cuando ello pueda afectar la vida privada o los datos personales.

Determinación que no sorprende, pues los jueces del máximo tribunal se han negado a hacer su declaración 3de3, pues son los funcionarios mejor pagados, los que tienen las mejores prestaciones  y actúan con toda libertad en la toma de decisiones.

Otra de las leyes aprobada este martes, faculta al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a emitir las normas, formatos impresos, además de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los declarantes deberán presentar las mencionadas declaraciones.

En su momento, diversos diputados federales promovieron la acción de inconstitucionalidad 70/2016 contra los Artículos 29 y 34 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como el sexto párrafo del Artículo 3 Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Al respecto, los diputados argumentaron que la normativa impugnada atentaba contra el principio de publicidad total de las declaraciones que deben rendir los servidores públicos, introducido en la reforma constitucional en materia anticorrupción.

El pleno consideró que si la finalidad de la reforma constitucional es evitar la corrupción, resulta necesario que se haga pública más información que la relacionada con un particular.

Lo anterior, para que exista un escrutinio público de los servidores y se generen los incentivos adecuados para evitar las conductas irregulares, tanto administrativas como penales.

Sin embargo, no toda la información personal de los servidores públicos es necesaria para la finalidad del nuevo Sistema Anticorrupción, ya que hay alguna que puede poner en peligro la vida o la integridad del funcionario y ninguna justificación o prueba de interés público puede superar un riesgo de este tipo.

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