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TEPJF zarandea ahora a PGR por difusión de video de Anaya; afectó equidad, concluye

Si antes arremetió en contra delINE, este jueves el TEPJF agarró a palos al gobierno de Enrique Peña Nieto y en específico a la PGR, con su declaración de que la contienda presidencial no será equitativa después de la exposición del video de Ricardo Anaya en las instalaciones de la SEIDO.

Este jueves, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la Procuraduría General de la República privó de equidad la contienda electoral del 1 de julio próximo, al difundir el video en el que aparece Anaya en laa SEIDO, tras ser señalado por presunto lavado de dinero.

Los magistrados acusaron que hubo uso parcial de recursos públicos para afectar la equidad en la contienda y acusaron directamente a Alonso Israel Lira Salas, en su calidad de subprocurador especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, y a Rafael Lugo Sánchez, director general de Comunicación Social en la PGR.

   

De tal forma que ordenaron enviar la resolución al Órgano Interno de Control de la PGR, para que determine lo conducente por la infracción en la que incurrieron estos dos funcionarios.

Sin embargo, los magistrados determinaron que no incurrieron en la misma falta ni el encargado de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, ni el Secretario de Gobernación, quienes dieron una conferencia de prensa respecto al video y la presencia de Anaya en la SEIDO.

La resolución destaca que la difusión del video implica un uso parcial de los recursos públicos por parte de la PGR para afectar la equidad en la contienda electoral, debido a que su contenido genera incertidumbre en el electorado respecto al motivo por el que Ricardo Anaya, entonces precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente, se presentó en las instalaciones de la SEIDO.

Lo anterior, agrega, puede interpretarse en el sentido de que Anaya Cortés guarda alguna relación con hechos que pudieron constituir delitos.

Además, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados señala que los datos personales que sean responsabilidad de una autoridad pública, pueden llegarse a utilizar con finalidades distintas a aquellas establecidas en el aviso de privacidad, pero sólo si media el consentimiento del titular de los datos, lo que no se tomó en cuenta.