A ver que se los demuestren: gobierno de Peña sobre espionaje a periodistas y activistas

Nueve periodistas que fueron espiados por el gobierno de Enrique Peña nieto, ya fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República y el director general de Medios Internacionales de la Presidencia de la República, Daniel Millán, aseguró que no hay prueba alguna que puedan presenta los comunicadores sobre el espionaje.

El diario The New York Times presentó un reportaje titulado: “Usando textos como señuelos, software gubernamental apunta a activistas mexicanos y a sus familias”. En este se muestran nombres, encabezados por Carmen Aristegui y Calos Loret, de que son espiados con un sofisticado equipo que adquirió el gobierno federal en Israel.

La Presidencia publicó una carta aclaratoria en donde dicen que no existe prueba alguna de que agencias mexicanas estén involucradas en los espionajes.

Por lo que pide la Presidencia de la República que presenten las denuncias ante la Procuraduría General de la República, para realizar las investigaciones correspondientes.

Cuando declaraba eso, nueve periodistas espiados presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, una de las autoridades que supuestamente los espió, además de la Secretaría de la Defensa Nacional, que incluye al Ejército y la Fuerza Aérea.

La denuncia fue apoyada por varias organizaciones de activistas y periodistas nacionales, que recordaron que fueron observadas 16 personas a través de un programa informático que se instaló en sus teléfonos inteligentes y que fue creado en Israel para combatir el terrorismo.

La periodista Carmen Aristegui, quien reveló en 2014 un escándalo en torno a una propiedad de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, así como Carlos Loret de Mola, protagonista de los noticieros de la cadena Televisa, fueron algunas de las víctimas del espionaje.

Aristegui exhortó directamente al Presidente Enrique Peña Nieto a dar explicaciones.

“Qué tiene que decir el jefe del Estado mexicano si entendemos esto (…) como una operación de Estado, donde los agentes del Estado mexicano, lejos de hacer lo que deben hacer legalmente, han utilizado nuestros recursos, impuestos y dinero para cometer ilícitos graves”, dijo.

 

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